Colombia se comprometió en los noventa con una serie de reformas estructurales y de
redistribución del poder político, en la dirección de reducir la discriminación contra las
importaciones y de tasar las actividades más en sentido de su contribución o freno al
crecimiento económico, al tiempo que ocurría una descentralización del gasto. Lo
anterior debía acompañarse con un aumento de los impuestos internos al valor
agregado, en forma abierta y no subrepticia, donde todos los bienes serían ajustados
según criterios objetivos y no de origen nacional. El fin era permitir que se
manifestaran mejor las ventajas comparativas que tenía el país frente al mundo y que
canalizara hacia ellas el grueso de su ahorro. El Estado debía aumentar de tamaño y
proveer eficientemente los bienes públicos, descentralizando sus funciones. Los
resultados del decenio fueron, como se verá, distintos a los propuestos.
Colombia viene de una tradición centralista y de una inconveniente unidad de Iglesia y
Estado que sólo se han fracturado recientemente. El centralismo implicaba una tributación
sin representación que era férreamente resistida por los ciudadanos con subterfugios de
evasión y elusión. En este sentido, el Estado colombiano no ha ganado históricamente el
monopolio de la fiscalidad, ilustrado, entre otros, por organizaciones diversas que imponen
contribuciones forzosas, la evasión generalizada de impuestos o por la administración del
impuesto cafetero por su gremio.
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